SEGÚN PETER MAURER

"La corrupción sigue estando insuficientemente definida"

Instituto de Gobernanza de Basilea | Durante un evento organizado por el Gobierno de Liechtenstein en colaboración con el Instituto de Basilea, que se centró en la lucha contra la delincuencia financiera internacional, el presidente del organismo internacional comparte algunas reflexiones sobre el problema de la corrupción. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

En el marco de un evento organizado por el Gobierno de Liechtenstein en colaboración con el Instituto de Basilea, Peter Maurer - Presidente del Instituto- abordó la problemática de la corrupción y compartió una serie de reflexiones al respecto.

Así, hacia el comienzo de su participación, Maurer advirtió que "llama la atención que las instituciones políticas y la economía concedan relativamente poca importancia a la corrupción" y en ese sentido indicó que "la corrupción se menciona solo dos veces en el Informe de Riesgos Globales 2023 publicado por el Foro Económico Mundial (FEM), ambas veces de pasada. Pero si nos fijamos en la lista de 32 riesgos globales que se consideran importantes en la encuesta del WEF, rápidamente veremos que la corrupción exacerba prácticamente todos y cada uno de ellos. Por lo tanto, debería recibir una prioridad mucho mayor".

El problema: falta de una definición clara y homogénea

Esta brecha –entre los impactos de la corrupción en el mundo real y la atención que se le presta en los niveles políticos y económicos más altos– también apunta a un problema: la corrupción sigue estando insuficientemente definida. Y cuando está definido por tratados internacionales, hay demasiado margen de interpretación.

Por lo tanto, en las últimas décadas, la lucha contra la corrupción se ha desglosado en delitos penales definibles como el soborno o el blanqueo de dinero. Esto ha traído consigo avances, pero también problemas de coherencia política. Como las normas no se definen de la misma manera en todas partes, la cooperación entre sistemas jurídicos se pone a prueba.

Así, por ejemplo, se han dejado de lado comportamientos como el clientelismo, el nepotismo, los conflictos de intereses, el tráfico de influencias o la manipulación de procesos legislativos con un objetivo corrupto.

Los desafíos

Según Maurer, la mayor tensión suele darse entre el aspecto técnico/legal y las condiciones políticas internas. Si bien las normas jurídicamente coherentes son importantes, no son necesariamente aceptables políticamente y esto se debe a que los estados tienen que considerar otros intereses más allá de los objetivos de los estándares.

Pero alinear las normas únicamente con el viento político tampoco es una solución. En ese sentido, el presidente manfiestó que "esto lo vemos en cuestiones importantes como la soberanía –la inviolabilidad de las fronteras, la protección de la población civil o la confiscación de activos– donde posturas políticas específicas del contexto ponen en duda normas universales que son cruciales para la seguridad jurídica".

Por ello, Maurer insistió en que "lo importante hoy es encontrar el camino hacia normas que se implementen y entiendan de manera universal independientemente de la naturaleza híbrida de los problemas que se enfrentan. Esto significa que se deben descubrir los intereses detrás de los problemas normativos para poder encontrar compromisos políticos que funcionen". 

Otro desafío planteado tiene que ver con que para resolver los problemas se necesita combinar lo que es legalmente significativo y políticamente legítimo y evitar que se interprete un vacío normativo como empoderamiento, utilizando la excusa de que si algo no está explícitamente prohibido, está permitido.

De esa manera, Maurer advirtió que "se convierte a los perpetradores en víctimas cuando intentan socavar los esfuerzos anticorrupción con argumentos sobre derechos de propiedad y libertades económicas o se esconden detrás de lógicas como: Si el otro es corrupto, yo también puedo ser corrupto".

Sin embargo, continuó Maurer, "ello no significa renunciar a la coerción normativa o que se deba otorgar a los perpetradores un derecho de veto. Más bien, significa que debemos estar dispuestos a comprender y reconocer las realidades del poder. Y que, como consecuencia, los comportamientos, las instituciones y los procesos necesitan tiempo para adaptarse a los nuevos requisitos".

Un último punto importante: centrarse únicamente en los Estados y en las soluciones impulsadas por éstos ya no es apropiado hoy en día.

Es importante entender que otros actores además de los Estados desempeñan un papel vital en la política, el establecimiento de normas y la implementación práctica de las mismas.

En particular, en la lucha contra la corrupción, se hubiese avanzado aún menos sin la presión constante y las soluciones provenientes de la sociedad civil y el sector privado.

Las normas sociales, las realidades políticas y la corrupción son un problema de acción colectiva. Con lo cual, establecer normas es relativamente infructuoso sin una comunidad empresarial y una sociedad civil comprometidas que también quieran implementar cambios de comportamiento en su propio interés.

No es sólo el diálogo con los poderosos lo que se necesita, sino también la movilización de aquellas partes dispuestas que quieran abordar los problemas de manera eficaz y colectiva.

Links de interés

Peter Maurer on definitions, dialogue and the collective fight against corruption

Redacción "Prevenciondelavado.com"