REPORTE REGIONAL

La corrupción y el soborno son los principales delitos vinculados al lavado de activos

Así lo reveló un informe de GAFILAT | El trabajo señala que, entre los 56 casos observados, el sector más afectado es el de bancos y analiza los efectos que los distintos tipos de delitos tienen en la sociedad, la economía y la política de los países. Asimismo, en esta edición 2019-2020, se evaluaron los abusos relacionados a la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) presentó una actualización de su Informe de Tipologías Regionales, realizado con la asistencia técnica de la Cooperación Alemana para el desarrollo, implementada por GIZ y la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT con la finalidad de continuar apoyando el trabajo de los países de GAFILAT en las acciones de prevención de las conductas asociadas al lavado de activos y a la financiación de las organizaciones delictivas.

El trabajo busca caracterizar el fenómeno del lavado de activos en la región a partir del análisis descriptivo de las tipologías identificadas por los países miembros del GAFILAT durante el período 2019-2020 y reveló que los casos se encuentran contenidos principalmente en los ejes temáticos vinculados a corrupción, soborno y delitos ambientales y, en menor medida, en los delitos fiscales y contrabando.

Asimismo, sobre la base de los casos proveídos, el informe identificó los sectores más vulnerados con el fin de lavar activos son, en este orden: el bancario (representado por el 37%), los notarios (con un 10%), automotriz e inmobiliario (8%) y las instituciones financieras (6%).

Cabe mencionar que estos porcentajes se calculan sobre los 56 compilados a fin de ilustrar las tipologías, productos y sectores utilizados para lavar activos en la región durante el período analizado.

En tanto, los productos más utilizados, conforme al análisis de los casos son: el uso de dinero en efectivo y cuentas bancarias (13% ambos), las transferencias internacionales de dinero (10%), cheques (9%) y transferencias de dinero local (8%).

Asimismo, se indicó que los principales delitos precedentes de lavado que los países han identificado en los casos son: en primer lugar, la corrupción y soborno (20%); en segundo lugar, el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas (18 %); en tercer lugar, los delitos fiscales (14%); en cuarto lugar, la participación en grupo delictivo organizado (13%) y, en quinto lugar, los delitos ambientales (11%).

El COVID-19: un capítulo aparte

Cabe mencionar que en esta edición, uno de los ejes temáticos detectados es "Pandemia del COVID-19", que se ubica en cuarto puesto, y fue analizado en base a cinco casos, los cuales fueron proporcionados por Guatemala, Panamá (subregión de México, Centroamérica y el Caribe), Chile y Perú (subregión andina).

El trabajo señala que las actividades asociadas con el COVID-19 fueron: fraude, contrabando, extorsión, falsificación de medicamentos e insumos médicos y delitos relacionados con corrupción, tales como el soborno y malversación de caudales públicos.

Y, a partir del análisis de los casos, el GAFI logró identificar que los grupos delictivos utilizaron personas y estructuras jurídicas que facilitaron la distribución de insumos médicos falsificados y la canalización de los fondos ilícitos a través del sistema financiero.

Adicionalmente, se identificó el uso de testaferros, que al igual que en la corrupción, los funcionarios públicos utilizaron parientes o socios cercanos en sus esquemas de lavado. Respecto a lo anterior, es importante destacar que los sectores vulnerados fueron los notarios, entidades de salud y bancos y se utilizaron distintos productos financieros, tales como cheques, transferencias internacionales, efectivo, ATM, cuentas bancarias y compra y venta de divisas.

Impactos económico, social y financiero

Finalmente, el informe explica cómo se ha manifestado el impacto social, económico y financiero de los ejes temáticos, según lo aportado por los países. Y los datos indican que la corrupción y soborno redundó en una pérdida de la institucionalidad de los entes de persecución, contraloría, judicialización y juzgamiento de los delitos vinculados a la corrupción y soborno, falta de credibilidad de la población en las autoridades, aumento de la percepción de la impunidad y abuso de autoridad como consecuencia derivada de la privación de servicios fundamentales a la población.

Asimismo, se observó que este tipo de comportamientos desincentiva la inversión local y extranjera y motiva la comisión de delitos fiscales.

En cuanto a los delitos ambientales, se habla de una consecuente afectación de zonas protegidas por el Estado, un incremento de la contaminación y degradación del medio ambiente y pérdidas económicas adicionales por el daño ambiental causado por los delitos forestales.

En lo que respecta al tráfico de estupefacientes y sustancias controladas, las consecuencias identificadas son un incremento de flujos ilícitos en el sistema financiero, un aumento de inseguridad debido a la lucha por el control de territorios por parte de las organizaciones criminales y un incremento de actos de corrupción en instituciones.

Finalmente, cabe mencionar el efecto colateral de los delitos fiscales, que redundan en una disminución de la recaudación de los ingresos por parte del Estado.

Por otro lado, respecto de los delitos asociados a la pandemia COVID-19, se explicó que la crisis sanitaria mundial ha provocado un mayor uso de esquemas en línea o activos virtuales con el propósito de ocultar fondos ilícitos. A su vez, se ha evidenciado un aumento en los movimientos de efectivo en grandes cantidades, el uso indebido de la ayuda financiera interna; un mayor uso del sector financiero informal y financiación de emergencia al evitar los procedimientos de adquisición estándar, lo que resulta en un aumento de la corrupción y los consiguientes riesgos de Lavado de Dinero.

Así se explica que los grupos delictivos han aprovechado el contexto para incrementar la comisión de delitos financieros y cibernéticos, entre otros.

Sin mayores cambios en esta edición

Un último dato a tener en cuenta es que, según el informe, las tipologías identificadas en el período 2019-2020 coinciden, en gran medida, con las detectadas en el período 2017-2018. Se destacó que, en ambos períodos, puede observarse el uso de testaferros, creación y uso de personas morales y el fraccionamiento de dinero como prácticas comunes en los métodos de lavado.

Además, el uso de efectivo, cuentas bancarias y transferencias electrónicas siguen siendo vulneradas con fines de lavado y, por otra parte, es notoria la detección de casos en que se usó el comercio internacional con fines de lavado y la explotación ilícita de recursos ambientales, que son fenómenos que no habían sido reportados con anterioridad.

Redacción "Prevenciondelavado.com"