Reforzar ley antilavado debe ser prioridad

06/01/2026 | No se trata de un asunto político o ideológico, sino de un blindaje para el propio funcionamiento del Estado y para potenciar el combate de ilícitos, incluyendo las extorsiones. | Prensalibre.com, GUATEMALA

Cada día transcurrido sin que el Congreso de la República apruebe la iniciativa 6593 está dando tiempo a mafias y grupos criminales de lavar más dinero proveniente del trasiego de mercancías, armas, drogas o combustibles. Solo cabe suponer que podría haber un interés malicioso en prolongar el rezago de la actual normativa, que ya tiene 20 años de antigüedad. ¿Qué otra razón puede haber para no dotar al Estado de una herramienta actualizada para combatir a grupos criminales justo donde más les duele: la ruta del dinero?

La propuesta de Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el financiamiento del terrorismo se presentó en agosto, y su aprobación constituye un requisito internacional. Pero más allá de eso, es un ariete de la justicia. Y es que mientras los mecanismos de blanqueo de dinero se han sofisticado, diversificado y digitalizado, las autoridades solo cuentan con un marco legal surgido en un contexto financiero dominado por efectivo, banca tradicional y transferencias. Pero hoy existen criptomonedas, apuestas digitales, tarjetas de crédito físicas y no físicas, compraventas sin efectivo, así como videoloterías. También hay transacciones amparadas por notarios que no están obligados a exigir verificativo del origen de los recursos.

El campo específico de las criptomonedas constituye una zona gris, que no está debidamente regulada, pero que permite mover inmensos volúmenes dinerarios. No es que sean malas en sí mismas, tienen su utilidad y futuro, pero por primera vez la Intendencia de Verificación Especial las ha identificado como un mecanismo para el lavado de fondos. En el 2025 hubo operaciones sospechosas por Q15 mil millones, mientras en el 2024 fueron Q9 mil millones.

Combatir tales prácticas con una ley emitida en el 2001 equivale, metafóricamente, a querer enviar un correo electrónico con un fax. Y es que la reforma requerida no solo debe ser emprendida a la brevedad posible, sino de forma integral. No solo hay que cambiar el alcance de la norma de vigilancia de transacciones, sino de los sujetos obligados a rendir cuentas del origen de fondos conexos. Así también, es necesario reformar los códigos Penal, de Comercio y de Notariado.

Una ley antilavado más robusta permite mejores filtros no solo para detectar recursos manejados por grupos al margen de la ley, sino también permite una mejor trazabilidad de los recursos públicos. A algún lado tienen que ir a dar los fondos estatales malversados o gastados en proyectos sobrevalorados, y se necesita identificarlos para que ya no se sigan diluyendo a través de amaños que la actual normativa no permite detectar.

Claro, para ciertos diputados, la nueva ley antilavado podría afectar redes de financiamiento electoral ilícito, aportes de patrocinadores subrepticios o uso clientelar de recursos de dudosa proveniencia. En el período de sesiones que inicia el 14 de enero debería agendarse como prioridad la discusión de la 6593. Cualquier tipo de entrampamiento debe ser observado con atención por la ciudadanía, para empezar a conectar nombres con símbolos partidarios. Pero no se trata de un asunto político o ideológico, sino de un blindaje para el propio funcionamiento del Estado y para potenciar el combate de ilícitos, incluyendo las extorsiones. No sobra mencionar que en el 2027 habrá una auditoría del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que combate el lavado a nivel continental, y sin ella, Guatemala podría entrar en una lista gris que amenazaría su calificación financiera global.

FUENTE: Prensalibre.com, GUATEMALA