Legislación y Noticias Argentina, 20 de noviembre de 2026
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Inocencia Fiscal llega a la prevención del lavado: lo que cambia (y lo que no) con la Resolución UIF 144/2026

Daniel Gerardo Perrotta | En esta nota, el autor analiza el alcance de la ultima resolución de la UIF, los cambios que introduce en los procedimientos de debida diligencia para determinados contribuyentes adheridos al régimen de Inocencia Fiscal y los desafíos que plantea su implementación para los sujetos obligados. | 20/11/2026


Durante años muchos oficiales de cumplimiento trabajaron con una regla no escrita: ante la duda, pedir un papel más. Un depósito en efectivo sin respaldo, una compra de dólares de origen difuso o un ahorro acumulado fuera del sistema terminaban, casi siempre, en un requerimiento de documentación y si la respuesta no alcanzaba, en un reporte. La Resolución UIF 144/2026, publicada en el Boletín Oficial el 3 de noviembre, viene en parte a cuestionar esa inercia. Lo hace con un instrumento más preciso de lo que sugiere el debate público sobre los "dólares del colchón" y con algunas zonas grises que los sujetos obligados van a tener que resolver antes del 3 de enero de 2027, fecha en que vence el plazo de adecuación.

 

De dónde viene

La norma reglamenta el artículo 40 bis de la Ley 27799 de Inocencia Fiscal, incorporado por la Ley 27826, que encomendó a la UIF dictar reglas complementarias en un plazo breve. El punto de partida está en los propios considerandos: la UIF reconoce que cerca de la mitad de la actividad económica del país transcurre en la informalidad y que un sistema preventivo que trata ese universo como sospechoso por defecto termina expulsando del circuito formal justamente los fondos que el Estado quiere que ingresen. (La voracidad del estado nunca ausente)

La herramienta elegida no es una amnistía ni un blanqueo, sino un cambio en la forma de ponderar el riesgo de un grupo determinado de clientes: las personas humanas y sucesiones indivisas adheridas al régimen simplificado de Ganancias, cuando ingresan fondos o activos por canales autorizados por el BCRA o la CNV.

 

Dos niveles, una lógica

La resolución opera en dos planos que conviene no confundir.

El primero es el antecedente favorable. Para todo sujeto obligado y sin límite de monto, la adhesión al régimen simplificado, verificada a través del servicio de validación de ARCA, pasa a ser un factor mitigante que debe considerarse al dar de alta al cliente y al asignarle un perfil de riesgo. No es optativo: la norma lo impone. Tampoco es un salvoconducto, porque se pondera junto con los demás factores considerados en la definición del perfil de riesgo adoptada por cada Sujeto Obligado y cede frente a las exclusiones previstas, entre ellas la condición de Gran Contribuyente Nacional, ciertos funcionarios públicos y la inclusión en el RePET o en listas de congelamiento de Naciones Unidas.

En este primer plano aparece, a nuestro entender, la definición con más impacto operativo de toda la resolución. La UIF establece que los depósitos o pagos en efectivo no constituyen, por sí solos, un indicio suficiente de riesgo o de sospecha; que la falta de documentación sobre el modo en que se adquirió la moneda extranjera tampoco es por sí sola determinante, y que la ausencia de respaldo completo de ahorros históricos no prueba un origen ilícito. Quien haya revisado alertas sabe cuántas reglas descansan exactamente sobre esas tres variables.

El segundo plano es la Debida Diligencia Simplificada Especial. Se aplica mientras las operaciones del cliente no superen, en el año calendario, el monto de la evasión simple del Régimen Penal Tributario, hoy en 100 millones de pesos. Dentro de ese margen, el sujeto obligado se limita a identificar y verificar al cliente, controlar listas y régimen PEP y validar su adhesión en ARCA. Lo novedoso es lo que deja de poder pedir: respaldo de la actividad económica, acreditación del origen de los fondos, ingresos o patrimonio, justificación de la capacidad de ahorro e información adicional sobre el propósito de la relación cuando pueda inferirse.

La elección del umbral no es casual. La UIF lo explica en los considerandos: por debajo del monto a partir del cual la evasión es delito, la evasión no puede funcionar como delito precedente del lavado. El razonamiento tiene una virtud práctica: ata el umbral preventivo a uno penal, en lugar de fijar una cifra arbitraria.

 

Lo que sigue igual

Sería un error leer la resolución como una flexibilización general. Los controles de RePET y de las listas del Consejo de Seguridad se mantienen cualquiera sea el monto, igual que el reporte de operaciones sospechosas, los reportes sistemáticos y la conservación de la documentación. Las personas expuestas políticamente, los vínculos con jurisdicciones de alto riesgo o no cooperantes, los factores de riesgo específicos documentados y cualquier sospecha concreta sacan al cliente de la diligencia simplificada. Y el fraccionamiento deliberado para quedar debajo del umbral no solo excluye el régimen especial, sino que puede justificar un ROS.

En otras palabras, la norma no le pide al sujeto obligado que deje de mirar. Le pide que deje de exigir documentación como respuesta automática a la informalidad y que reserve el análisis profundo para los casos en que hay algo más que informalidad.

 

La protección y su condición

El artículo que probablemente más interese a los oficiales de cumplimiento es el que da seguridad jurídica. Si el régimen se aplicó correctamente, el sujeto obligado se considera cumplidor aunque después se descubra que el cliente no calificaba o que los fondos eran de origen ilícito. La excepción es que conociera la irregularidad o que esta surgiera de manera manifiesta de la información a su alcance.

La protección es real, pero tiene una condición que conviene subrayar: hay que poder demostrar la aplicación correcta. Eso supone registrar cada consulta a ARCA con su fecha y resultado, conservar el resultado del control de listas, llevar el acumulado anual por cliente y documentar por qué un caso quedó afuera de la DDSE. Sin esa trazabilidad, el puerto seguro se diluye en la primera inspección. A la vez, la UIF se reserva la posibilidad de observar la aplicación sistemática de medidas que no guarden relación con el perfil de riesgo, lo que deja abierta la puerta a cuestionar tanto el exceso de celo como su defecto.

 

Las zonas grises

Una de las zonas grises de mayor importancia es la relación con las resoluciones sectoriales. La norma dice que la DDSE reemplaza las medidas simplificadas previstas en ellas para los casos que cubre, sin identificar qué disposiciones quedan desplazadas. Cada sujeto obligado deberá hacer ese ejercicio sobre su propio régimen, y es razonable esperar que las respuestas no sean uniformes entre sectores.

La segunda es el propio concepto de operaciones comprendidas. La referencia a canales autorizados por el BCRA o la CNV deja claro el caso de bancos, proveedores de servicios de pago y agentes del mercado de capitales, pero obliga a otros sectores a analizar si intervienen en esos ingresos y en qué productos. Ese análisis debería quedar documentado, sobre todo si la conclusión es que el régimen no se aplica.

 

Una agenda para los próximos sesenta días

El plazo de adecuación es corto para lo que implica. Más allá de la actualización del manual y su aprobación por el órgano de administración, el trabajo de fondo está en los sistemas: integrar la validación de ARCA en el alta y en la revisión periódica, construir un acumulador anual con el umbral parametrizado (porque va a cambiar cuando se actualice el monto de la evasión simple), incorporar una regla de detección de fraccionamiento y, también revisar las alertas que hoy se activan únicamente por el uso de efectivo o por la falta de respaldo cambiario.

En este último punto conviene evitar la sobrecorrección. La norma no dice que el efectivo sea irrelevante, sino que no es suficiente por sí solo. Desactivar esas reglas sería tan desacertado como mantenerlas intactas. Lo que corresponde es recalibrarlas para que operen combinadas con otros factores. Las áreas comerciales y de atención, por su parte, necesitan saber con claridad qué ya no pueden pedirle al cliente, porque es allí donde se va a notar primero si la norma se aplica o no.

 

Una valoración

La Resolución 144/2026 va en la dirección del enfoque basado en riesgo que el GAFI promueve desde hace más de una década, que admite medidas simplificadas cuando el riesgo identificado es menor. Su mérito principal es explicitar algo que la práctica había olvidado: la informalidad y el lavado no son sinónimos, y un sistema que no distingue entre ambos gasta sus recursos en el lugar equivocado.

Su éxito, sin embargo, no depende del texto sino de la implementación. Si los sujetos obligados la aplican con criterio, documentando, recalibrando y concentrando el análisis donde hay señales reales, puede mejorar a la vez la inclusión financiera y la calidad de los reportes. Si se la aplica de manera mecánica, ya sea por exceso o por defecto, el resultado será mucho papel y poca prevención.

 

Daniel Gerardo Perrotta
www.decisiola.com