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El Salvador pone a prueba su sistema de sanciones financieras dirigidas en un simulacro coordinado por GAFILAT

2026 | El ejercicio evaluó la capacidad de respuesta del país ante potenciales coincidencias con listas de sanciones de Naciones Unidas vinculadas al financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en coordinación con la Fiscalía General de la República de El Salvador, llevó adelante el séptimo simulacro de implementación de Sanciones Financieras Dirigidas (SFD), una iniciativa orientada a evaluar la efectividad de los mecanismos nacionales para dar cumplimiento a los estándares internacionales en materia de financiamiento del terrorismo (FT) y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FP).

El ejercicio se desarrolló entre el 20 y el 30 de abril de 2026 y se realizó sin previo aviso, con el objetivo de replicar condiciones operativas reales y medir la capacidad de respuesta de las autoridades y de los sectores obligados a cumplir con las medidas establecidas por las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (RCSNU).

Evaluación práctica de los estándares del GAFI

El simulacro permitió verificar la implementación de los mecanismos previstos para el cumplimiento de las Recomendaciones 6 y 7 del GAFI, referidas a la aplicación de sanciones financieras dirigidas relacionadas con el financiamiento del terrorismo y la proliferación.

Durante el ejercicio se plantearon distintos escenarios asociados al régimen de sanciones establecido por la Resolución 1267 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y sus actualizaciones posteriores, poniendo a prueba la capacidad del sistema para aplicar medidas de manera inmediata y efectiva.

La actividad permitió analizar tanto los aspectos normativos como los procedimientos operativos involucrados en la identificación de coincidencias con listas internacionales de sanciones.

Coordinación entre autoridades y sector privado

Uno de los principales objetivos del simulacro fue evaluar el funcionamiento integral del sistema nacional de prevención y combate del financiamiento del terrorismo y de la proliferación.

Para ello, se revisaron aspectos vinculados con:

•  La coordinación entre las autoridades competentes.
•  Los mecanismos de comunicación hacia los sujetos obligados.
•  Los procedimientos de congelamiento y descongelamiento de activos.
•  La aplicación práctica de los estándares internacionales.
•  La capacidad de respuesta frente a situaciones de riesgo.

El ejercicio contó con la participación de organismos públicos, entidades financieras y proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), permitiendo observar la interacción entre los distintos actores involucrados en la implementación de medidas restrictivas derivadas de sanciones internacionales.

Identificación de fortalezas y oportunidades de mejora

Según informó GAFILAT, el simulacro permitió evaluar la oportunidad y consistencia de las respuestas institucionales, así como la adecuación de los procedimientos utilizados para gestionar distintos escenarios previstos en el estándar internacional.

La experiencia también facilitó la identificación de buenas prácticas desarrolladas por El Salvador, junto con áreas que podrían fortalecerse para incrementar la efectividad del sistema nacional de lucha contra el financiamiento del terrorismo y la proliferación.

Entre los aspectos analizados se incluyeron la coordinación interinstitucional, los tiempos de respuesta, la comunicación con el sector privado y la aplicación uniforme de los procedimientos previstos para la ejecución de sanciones financieras dirigidas.

Un ejercicio clave para fortalecer la preparación operativa

Los participantes destacaron el valor del simulacro como herramienta de capacitación y mejora continua, al permitir una evaluación práctica de los procedimientos que deberían activarse frente a una eventual coincidencia con listas de sanciones emitidas por Naciones Unidas.

Asimismo, la retroalimentación obtenida durante el ejercicio contribuyó a fortalecer las capacidades técnicas y operativas de las instituciones participantes, favoreciendo una mejor preparación ante situaciones que requieran la aplicación efectiva de medidas de congelamiento de activos y otras acciones contempladas en los estándares internacionales.

Redacción "Prevenciondelavado.com"