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Criptomonedas: un facilitador de la corrupción

Informe del Instituto de Gobernanza de Basilea | Los criptoactivos como Bitcoin no han reemplazado el uso de efectivo para fines delictivos, pero ofrecen otra herramienta poderosa para transferir y lavar dinero ilícito. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

A medida que los criptoactivos se vuelven parte del sistema financiero global, también crecen las preocupaciones sobre cómo están siendo utilizados para facilitar delitos. La tecnología blockchain es neutral, pero su capacidad para mover valor de forma rápida, global y sin intermediarios ha abierto un espacio fértil no solo para estafas, hackeos o ransomware, sino también para el narcotráfico, el financiamiento del terrorismo, la evasión de sanciones y, cada vez más, para el lavado de dinero y la corrupción.

Aunque las investigaciones sobre la relación entre criptomonedas y corrupción aún son limitadas, los indicios ya son contundentes. La corrupción no es nueva; simplemente encontró un canal moderno para manifestarse.

Una de las primeras señales está en su uso como mecanismo de pago de sobornos. La aparente discreción que ofrecen las billeteras digitales -direcciones alfanuméricas difíciles de vincular a una identidad-, sumada a la rapidez y la falta de intermediarios, vuelve tentador utilizarlas para mover dinero ilícito. En los últimos años aparecieron casos que lo confirman: un parlamentario ucraniano condenado por ofrecer un soborno en bitcoins, presuntos pagos en cripto a un ex alto funcionario regulador de China, y empleados del China Construction Bank acusados en Hong Kong de aceptar cientos de miles de dólares en activos digitales para validar documentos fraudulentos. Sin embargo, la misma característica que atrae a los corruptos también se convierte en un problema: las transacciones quedan registradas para siempre en la cadena de bloques. Una vez identificada la dirección, la evidencia es permanente.

El lavado de dinero proveniente de la corrupción es la otra gran área de preocupación. Las criptomonedas no reemplazan a las técnicas tradicionales de blanqueo, pero las potencian. Quien busca ocultar fondos puede convertirlos en cripto, moverlos entre cadenas, aprovechar protocolos que aumentan la privacidad o combinarlos con activos tokenizados que representan bienes reales. Europol ya advirtió que profesionales dedicados históricamente al lavado —abogados, contadores, operadores financieros— están incorporando criptoactivos en sus servicios. Operativos recientes refuerzan la alerta: desde grupos desmantelados en Australia y Europa hasta la histórica incautación de más de 127.000 bitcoins vinculados al presidente de un conglomerado con sede en Camboya. En todos los casos, la corrupción aparece como un lubricante esencial que permite que el dinero fluya sin obstáculos.

Pero el problema no se limita a los delincuentes, incluso dentro de las agencias encargadas de investigar y custodiar activos digitales hay riesgos crecientes. Agentes de Estados Unidos, Rusia e Irán han sido acusados de robar criptomonedas durante investigaciones, aceptar sobornos para no confiscar fondos o manipular información privilegiada. Las capacidades técnicas avanzadas necesarias para rastrear criptoactivos convierten a ciertos funcionarios en figuras claves y vulnerables a tentaciones difíciles de detectar.

La intersección entre política y criptomonedas también genera señales de alarma. La industria, altamente rentable y en pleno crecimiento, despierta interés en gobiernos de todo el mundo. Aunque los casos confirmados de corrupción política en este sector son limitados, ya se registran episodios que sacudieron a distintos países: escándalos de financiamiento en Colombia, acusaciones en Venezuela, cuestionamientos que alcanzan al presidente de Estados Unidos y un caso en la República Checa que terminó con la renuncia del ministro de Justicia tras aceptar una donación millonaria en bitcoin de un condenado por delitos financieros.

Quizás el fenómeno más inquietante es cómo la combinación de criptomonedas y corrupción facilita la expansión del crimen organizado y, en algunos lugares, la captura del Estado. Informes de la UNODC describen cómo las grandes operaciones de estafas digitales en el Sudeste Asiático —que utilizan trata de personas y generan enormes ingresos en cripto— mantienen su actividad gracias a redes de corrupción política y policial. La facilidad para lavar esos ingresos fortalece a las organizaciones criminales, aumenta su liquidez y amplifica su influencia sobre actores estatales. En Camboya, Filipinas y Tailandia ya se han denunciado colusiones entre autoridades y redes de estafas que derivaron en renuncias, arrestos y advertencias sobre la posibilidad de que "delincuentes con traje" terminen controlando las instituciones.

La expansión de los criptoactivos representa una oportunidad tecnológica genuina, con potencial para mejorar la eficiencia, la privacidad y la inclusión financiera. Pero también implica riesgos que no pueden ignorarse. Sin marcos regulatorios sólidos, controles adecuados y capacidad institucional para seguir el ritmo de la innovación, la industria podría convertirse en un multiplicador de la corrupción, el lavado y otros delitos financieros.

Instituciones como el Instituto de Basilea, Europol y la UNODC ya están trabajando para entender mejor este fenómeno y capacitar a quienes deben investigarlo. El desafío es enorme: impedir que la tecnología que promete democratizar las finanzas termine debilitando la confianza pública y poniendo en riesgo la estabilidad de los estados.

Redacción "Prevenciondelavado.com"