LUCHA GLOBAL

Cómo tres protocolos de la ONU combaten el crimen organizado

UNODC | Los Protocolos son un componente vital de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que ha alcanzado un reconocimiento casi universal, con 194 países comprometidos con sus principios. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito publicaron un informe sobre los Protocolos sobre la Trata de Personas, el Tráfico Ilícito de Migrantes y el Flujo Ilícito de Armas de Fuego a fin de dar conocimiento, prevenir y combatir el crimen organizado.

Contexto

Los países de todo el mundo se enfrentan a un desafío creciente que trasciende fronteras y marcos legales: la delincuencia organizada transnacional. Ya sea que se dediquen a la trata de personas, al tráfico de migrantes o al comercio ilícito de armas de fuego —o que participen en otras formas de delincuencia organizada— estas redes criminales están evolucionando en escala y sofisticación, poniendo en peligro a las comunidades y socavando la integridad de los sistemas de justicia.

En respuesta, la comunidad internacional ha dado un paso audaz. El 15 de noviembre de 2000, las Naciones Unidas adoptaron los Protocolos sobre la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, seguidos en mayo de 2001 por un tercer instrumento sobre armas de fuego, sentando las bases para una acción global coordinada para combatir la delincuencia organizada.

Acerca de los Protocolos

En los últimos 25 años se han logrado avances reales. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha desempeñado un papel clave en la transformación de las políticas en acciones concretas.

Con su apoyo, los países han aprobado decenas de nuevas leyes dirigidas a estos delitos; se ha capacitado a más de 35.000 expertos en la lucha contra el tráfico y el contrabando; se han investigado y procesado cientos de casos penales; miles de víctimas han recibido apoyo y protección cruciales, y decenas de países han fortalecido sus sistemas de justicia para prevenir, rastrear y frenar la propagación de armas ilegales.

Acabar con la trata de personas

El Protocolo contra la Trata de Personas tiene como finalidad erradicar este delito a nivel mundial. Su objetivo son los perpetradores que explotan a personas vulnerables mediante el fraude, la coacción o el abuso con fines que incluyen el trabajo forzoso, la explotación sexual, la mendicidad forzada, la servidumbre doméstica o la extracción de órganos.

El Protocolo proporcionó al mundo la primera definición de trata de personas acordada internacionalmente y jurídicamente vinculante, garantizando así la persecución coherente, la protección de las víctimas y la cooperación internacional. Hasta hoy, 185 países se han adherido a este tratado. La mayoría de ellos han adoptado leyes contra la trata, reforzando tanto la acción nacional como la cooperación internacional.

Un ejemplo contundente de la implementación del Protocolo es la adopción por parte de Panamá de una ley histórica contra la trata de personas, con la asesoría técnica de la UNODC. La "Ley 458" , promulgada en 2024, precisa la definición de trata de personas en el país, la distingue de los delitos conexos y aborda el uso de nuevas tecnologías por parte de los traficantes. Proporciona a las autoridades herramientas más eficaces para detectar complejas redes de trata y garantiza una mayor protección a las víctimas, así como apoyo, reintegración y compensación para las personas afectadas.

La reforma ya está dando resultados. Entre 2024 y 2025, Panamá rescató a 36 víctimas y procesó a 14 traficantes en 10 operativos.

Lucha contra el tráfico de migrantes

Así como el Protocolo contra la Trata de Personas ha transformado las legislaciones nacionales, el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes ha impulsado la acción global. Se centra en desmantelar las redes criminales que lucran facilitando la entrada o la estancia ilegal de personas en un país del que no son ciudadanas ni residentes legales.

El Protocolo ha tenido un fuerte impacto en las leyes de todo el mundo. De los 151 países que lo han firmado, 132 (el 87 %) han promulgado leyes nacionales que tipifican como delito el tráfico ilícito de migrantes o la ayuda para entrar ilegalmente en un país. Incluso los 29 países que no han firmado oficialmente el Protocolo han creado leyes similares.

En Comoras, este compromiso se convirtió en acciones concretas. Con el apoyo de la UNODC, en 2024, la isla se adhirió al Protocolo y aprobó una nueva ley que penaliza el tráfico de migrantes.

Estratégicamente ubicada en el Océano Índico, la isla está abordando ahora su papel como centro de tránsito clave con herramientas legales más sólidas, protegiendo a los migrantes e impulsando la cooperación transfronteriza.

La cooperación transfronteriza reforzada y la capacitación específica impartida por expertos de la UNODC han fortalecido las investigaciones y los enjuiciamientos, además de hacer más seguro el viaje de los migrantes. Hasta la fecha, estas medidas han permitido investigar más de 90 casos y han impulsado operaciones conjuntas entre países de la región.

Detener el flujo ilícito de armas de fuego

El Protocolo sobre Armas de Fuego es el único tratado mundial jurídicamente vinculante que penaliza la fabricación ilícita y el tráfico transfronterizo de armas de fuego y municiones. Capacita a los países para regular los flujos legales de armas, mejorar la cooperación, prevenir el desvío de armas a mercados ilegales y llevar a los responsables ante la justicia.

Hasta la fecha, 126 países se han adherido al Protocolo, que ofrece medidas prácticas contra todas las formas de tráfico, incluidas las amenazas emergentes como la impresión 3D de armas y el uso de la web oscura.

Estas medidas incluyen un registro exhaustivo, el marcado de armas de fuego, la gestión segura de las existencias y la aplicación de estrictos controles de exportación, tránsito e importación.

Para 2024, la UNODC había apoyado a 64 países en la reforma de su legislación nacional sobre armas de fuego y disposiciones conexas de derecho penal, lo que marcó un paso significativo hacia el control mundial de armas y la prevención del delito.

Entre los países que lideran este camino se encuentran Burkina Faso y Malí en África, Chile y Uruguay en América Latina, y Montenegro en Europa; todos ellos han actualizado sus marcos jurídicos para cumplir con los estándares internacionales.  

En los últimos dos años, la UNODC capacitó a cerca de 1.700 expertos en todo el mundo y les proporcionó herramientas modernas para ayudar a los países a aplicar este Protocolo.

Redacción "Prevenciondelavado.com"