INTERNACIONAL

Lucha contra la corrupción y los derechos humanos

Instituto de Gobernanza de Basilea | Cómo puede ayudar tanto a las víctimas como a las empresas. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

El Instituto de Gobernanza de Basilea publicó una serie de preguntas y respuestas de Naomi Roht-Arriaza, profesora distinguida de Derecho (emérita) de la Facultad de Derecho de la Universidad de California, y Lucie Binder, especialista sénior en gobernanza e integridad del Organismo.

A continuación, se detallan las principales declaraciones de las expertas.

¿Quiénes son las verdaderas víctimas de la corrupción? 

Tradicionalmente, la respuesta ha sido "el Estado". Esto se debe a que la corrupción suele implicar el abuso de poder y el robo o desvío de fondos públicos. En este marco legal, el Estado persigue el delito, reclama los daños y recibe los bienes recuperados.

Pero ¿y si el Estado es parte del problema? En contextos de gran corrupción o cleptocracia, donde sistemas gubernamentales enteros son cómplices o están dominados, tratar al Estado como la única víctima tiene poco sentido. El verdadero daño recae en las personas y las comunidades: niños intoxicados por alimentos insalubres en programas de alimentación escolar corruptos (como ocurrió en Perú ); pacientes a los que se les niega tratamiento porque los presupuestos de salud fueron saqueados (como ocurrió en Venezuela ); o familias desplazadas por proyectos de infraestructura aprobados mediante sobornos (como ocurrió en Honduras y otros lugares).

Estos no son daños abstractos, sino violaciones directas de los derechos humanos. Como se analiza en el libro de Naomi Roht-Arriaza, "Combatiendo la Gran Corrupción: Enfoques Transnacionales y de Derechos Humanos en América Latina y más allá" (Cambridge University Press), un creciente movimiento de académicos, jueces y profesionales del derecho está cuestionando el modelo centrado en el Estado. Impulsan un enfoque de la corrupción más centrado en las víctimas: uno que reconozca y repare el daño y permita a las personas afectadas participar en los procesos de justicia.

Alinear la lucha contra la corrupción y los derechos humanos: una prioridad del Instituto de Basilea

La convergencia que destaca la Lucha contra la Gran Corrupción coincide con el trabajo del Instituto de Basilea en la intersección de la corrupción y los derechos humanos. En la Guía Rápida 32, la vicepresidenta, Anne Peters, explica cómo la corrupción contribuye a condiciones sistémicas que socavan los derechos humanos, especialmente el acceso a la atención médica, la educación y la justicia. También viola directamente los derechos mediante prácticas discriminatorias, detenciones ilegales o la supresión de libertades esenciales para denunciar la corrupción, como la libertad de prensa y el derecho a la información.

Además, los mecanismos de recuperación y decomiso de activos –como se analiza en nuestro Documento de trabajo 54– deben cumplir las normas internacionales de derechos humanos para generar confianza, garantizar la equidad y fomentar la cooperación internacional.

Reimaginando la reparación: cómo podrían ser las reparaciones por la corrupción

En la Guía Rápida 31, argumentan que los países ya cuentan con diversas opciones políticas para garantizar que los activos confiscados se utilicen para el bien común. Estas abarcan desde la reinversión de fondos en programas comunitarios o de las fuerzas del orden hasta la repatriación directa o la cogestión de proyectos de desarrollo en países donde los ciudadanos han sufrido los estragos de la corrupción.

Modelos como la redirección de activos de la mafia en Italia hacia iniciativas sociales o los mecanismos franceses de devolución de activos centrados en el desarrollo muestran cómo la reinversión de la riqueza robada puede fomentar la justicia y el desarrollo sostenible. El libro de Roht-Arriaza explora en detalle estas y otras opciones relacionadas con la devolución y la reparación.

El Instituto de Basilea ha enfatizado desde hace tiempo la importancia de estos modelos de retorno responsable de activos. Apoya activamente a los países en el desarrollo de marcos que se ajusten a los principios anticorrupción y de derechos humanos.

¿Cómo afectarían estos enfoques al sector privado?

Reconocer que la corrupción y las violaciones de derechos humanos suelen ser sistémicas y estar profundamente vinculadas refuerza la necesidad de que las empresas integren sus esfuerzos de cumplimiento normativo en ambas áreas. Esto permite a las empresas:

• Identificar riesgos de gobernanza a gran escala;

• comprender sus impactos en cascada; y

• anticipar la exposición regulatoria o reputacional, particularmente en entornos de alto riesgo.

• Integrar consideraciones anticorrupción en los procesos de debida diligencia en materia de sostenibilidad y derechos humanos puede ayudar a prevenir errores costosos, como apoyar inadvertidamente a actores abusivos o financiar proyectos que perjudican a comunidades vulnerables.

Por ejemplo, los bancos holandeses que financiaron represas hondureñas mediante sobornos de alto nivel y subterfugios regulatorios sufrieron años de demandas y su reputación quedó manchada. Es importante destacar que identificar a las víctimas y documentar los daños hace tangible la corrupción. Trasciende la abstracción de la corrupción y permite a las empresas éticas diferenciarse de sus competidores que se benefician de la impunidad.

En Honduras, México, Argentina y otros países, los sistemas legales reconocen cada vez más el derecho de las víctimas a participar en los procedimientos y obtener reparación. Estos avances también deberán reflejarse en las evaluaciones de riesgos empresariales, especialmente en proyectos marginales o políticamente expuestos. Las empresas deberán preguntarse no solo "¿es esto legal?", sino también "¿cuál es el daño y quién lo soporta?".

La Acción Colectiva, entendida como iniciativas sostenidas y colaborativas de múltiples partes interesadas que involucran al sector privado, ofrece un vehículo eficaz para afrontar estos desafíos. Al participar en estas iniciativas, las empresas pueden contribuir a la definición de estándares compartidos, mitigar riesgos sistémicos y demostrar su compromiso con una conducta responsable en entornos donde la capacidad estatal puede ser débil o estar comprometida.

Esta colaboración no sólo fomenta enfoques de cumplimiento más coherentes y creíbles, sino que también apoya esfuerzos más amplios para garantizar que la justicia llegue a los más afectados por la corrupción.

Links de interés

Guía de trabajo 31

Guía de trabajo 32

Acción Colectiva

Redacción "Prevenciondelavado.com"