MIRADA SOBRE AMÉRICA

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos destacó el interés de la región en mejorar las políticas anticorrupción

El organismo presentó su Informe sobre Corrupción y Derechos Humanos | Entre otros puntos, el organismo resaltó que los esfuerzos que se han realizado muestran un compromiso por parte de los Estados hacia la necesidad de actualizar y ajustar las normativas que regulan las políticas públicas en la materia. En el caso de Argentina, destacaron la creación de una comisión especial sobre corrupción, lo realizado en transparencia pública y el involucramiento del sector privado en el Plan Nacional Anticorrupción, así como la Ley del Arrepentido. | 07/01/2020

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el pasado 31/12/19 su Informe sobre Corrupción y Derechos Humanos, cuyo objetivo central es presentar un análisis del fenómeno de la corrupción desde una perspectiva de derechos humanos y a la luz de los estándares interamericanos.

En este informe, la Comisión realiza un análisis de avances y desafíos, así como de las iniciativas que permiten consolidar una estrategia a nivel regional y nacional para hacer frente a la necesidad de combatir y erradicar el fenómeno de la corrupción en el hemisferio.

Según, el Secretario Ejecutivo de la Comisión, Paulo Abrão, "este informe permite avanzar en la agenda anticorrupción con una mirada de derechos humanos y proponer una hoja de ruta para el desarrollo de políticas públicas con enfoque de derechos humanos para atender los efectos del flagelo de la corrupción en el hemisferio".

En  este sentido, uno de los temas que el trabajo analiza es las Iniciativas de los Estados Americanos en la lucha anticorrupción y resalta, al respecto, que en los últimos años los países de la región han impulsado reformas legislativas, marcos normativos y políticas públicas tendientes a prevenir y eliminar la corrupción de las estructuras estatales.

La Comisión observa que en los últimos años ha sido una preocupación de los Estados generar normativa o modificar la existente para la implementación de políticas anticorrupción dando lugar a que la temática sea tratada con prioridad en las agendas públicas de los países de la región. "Los esfuerzos que se han realizado muestran un compromiso por parte de los Estados hacia la necesidad de actualizar y ajustar las normativas que regulan las políticas públicas en la materia", aseguran.

Y afirman que la implementación de planes integrales de lucha contra la corrupción representan una herramienta clave ya que permiten fijar objetivos, plazos y responsables para avanzar en las medidas anticorrupción en forma transparente y con participación ciudadana.

En ese sentido, la Comisión destaca las experiencias de Planes Nacionales en Perú y Argentina y la creación de Comisiones o Agencias especiales en la materia en Bolivia y Surinam, entre otros.

Por su parte, también resaltaron el Sistema Nacional Anticorrupción en México, que tiene por objeto establecer, articular y evaluar la política en la materia para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

En torno al fortalecimiento de la justicia penal, se destaca la creación de jurisdicciones y fiscalías especiales. En Perú, el Ministerio Público cuenta con 42 Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios; en México desde marzo de 2019 la Fiscalía General de la República también ha implementado una Fiscalía Especializada.

Por su parte, se destaca en Bolivia la implementación de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, como unidad especializada en todas las entidades y empresas del Estado. Estas oficinas han asumido nuevas facultades, como la gestión de denuncias que antes centralizaba el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.

Finalmente, destacaron la creación de la Red de Fiscalías Anticorrupción en el marco de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos.

Y, en relación a los marcos normativos, la Comisión observa que una importante cantidad de Estados han avanzado en la sanción de leyes marco para enfrentar el fenómeno de la corrupción y/o que están orientadas hacia la promoción de la integridad en el ejercicio de la función pública, en el entendido de que una buena administración pública debe servir de manera objetiva a los ciudadanos y generar confianza.

Asimismo, con el propósito de prevenir conductas irregulares en el ejercicio de la función pública, algunos países han avanzado en el fortalecimiento y la promoción de marcos normativos que fomentan el compromiso con la ética en la función pública. Algunos ejemplos en este sentido son las normativas de Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, Jamaica, México, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

Por otra parte, la Comisión destaca que la mayoría de los países cuentan con una normativa referida a la transparencia y el acceso a la información pública. "La generación de información pública y la interacción del gobierno y los ciudadanos por medio de estrategias de generación de datos y de diversas formas de gobierno abierto es una tendencia creciente en la región que puede permitir incrementar la capacidad de escrutinio ciudadano y su participación mediantes el ejercicio del derecho al acceso a la información por medio de la cual las personas pueden fiscalizar los actor públicos", indica el Informe.

La Comisión toma nota de la proliferación de este tipo de normativas específicas sobre acceso a la información pública, y además destaca que este derecho ha sido operativizado a través de distintas herramientas y políticas públicas específicas, como portales de transparencia, datos abiertos, contrataciones públicas electrónicas, entre otros mecanismos.

Brindan como  ejemplos al respecto, la plataforma abierta de compras públicas de Chile "Chile Compra" y el portal web de la Agencia de Compras Estatales de Uruguay, que tiene como objetivo promover la mejora de la gestión y la transparencia del sistema de compras y contrataciones del sector público.

Finalmente, la CIDH indica que un elemento fundamental en la lucha contra la corrupción es la protección de los denunciantes y testigos. En este sentido, la Comisión saluda las iniciativas, normativas y programas destinados a la protección de testigos. Ponen como ejemplo a Perú, que cuenta con una normativa específica que establece medidas de protección para denunciantes de actos de corrupción. También resaltan que, en Argentina, fue aprobada en 2016 la Ley del Arrepentido para los casos de Corrupción, que extiende la figura del arrepentimiento, que existía para delitos como secuestro, la trata de personas, el narcotráfico y el lavado de dinero, a casos de corrupción y asociación ilícita.

Y, en lo que respecta a la participación de entidades privadas, empresas, organizaciones sociales y la ciudadanía en general, a través de la implementación de modelos de prevención y políticas orientadas a garantizar la transparencia y rendición de cuentas, así como mecanismos de control y supervisión, resaltan el Plan Nacional Anticorrupción 2019-202351 implementado por Argentina, donde una de las iniciativas incluidas es la elaboración de una guía práctica que permita a las empresas, desarrollar y aplicar una metodología.

María del Pilar Wolffelt

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