Legislación y Noticias Argentina, 28 de marzo de 2024
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EFECTO PANDEMIA

COVID-19: La OEA enfatizó que los mecanismos de control estatal no se deben flexibilizar ante la emergencia

La CIDH, en estado de alerta ante el coronavirus | El organismo reportó una serie de afectaciones de las que ha sido informado, derivadas de la reducción e inexistencia de controles en la gestión pública como consecuencia de la coyuntura de emergencia declarada. En ese sentido, llamó a los Estados a tomar medidas para evitar actos de corrupción que afecten la integridad de su funcionamiento democrático.


Ante el actual contexto del COVID-19, los Estados enfrentan nuevos desafíos y urgencias en materia de administración de sus presupuestos y asistencias sociales. Las urgencias, los reclamos y las nuevas necesidades, a veces llevan a procesos de licitaciones algo desprolijos que pueden amenazar la integridad y transparencia de los mismos. En este marco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) recordó en estos días la importancia de encaminar acciones para evitar y combatir la corrupción como medida para garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos en el contexto de la emergencia sanitaria.

En este sentido, como parte de las medidas e iniciativas adoptadas para contener la pandemia, la CIDH llamó a los Estados a fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas como principio fundamental de las políticas públicas con enfoque de derechos humanos y como vía para garantizar el derecho de acceso a la información de la población.

"La Comisión ha tomado conocimiento de una serie de afectaciones ocurridas como consecuencia de la reducción e inexistencia de controles en la gestión pública procedente de la coyuntura de emergencia declarada en la mayoría de los países de la región, que tendrán impacto en la situación de los derechos humanos y que podrían derivar de actos de corrupción", señaló el organismo.  

En su Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada a la crisis en relación con la pandemia del COVID-19, reportaron que, entre las más relevantes afectaciones de las que han sido informados se destacan:

  •  hechos relacionados a la falta de publicidad de las contrataciones y compras públicas realizadas,
  •  ausencia de información completa, oportuna, cierta, accesible, actualizada y difundida por canales ordinarios y
  •  la falta de criterios claros para rendir cuentas sobre los gastos realizados en el marco de la emergencia sanitaria.

Explicaron que la crisis desatada como consecuencia de la pandemia del COVID-19 ha requerido a los Estados brindar respuestas rápidas para enfrentar, prevenir y contener la propagación viral y que ello se ha traducido en situaciones de concentración para la toma de decisiones por parte de las autoridades de los Estados, con el aumento de los espacios de discrecionalidad, por ejemplo a través del uso reiterado de decretos y normativas ejecutivas sin el proceso parlamentario.

"La Comisión considera, que la necesidad de una respuesta ágil y oportuna, no puede significar que las decisiones gubernamentales queden exentas de controles o dejen de ser sometidas a procesos que garanticen la transparencia y rendición de cuentas", advirtieron.

En este sentido, recomendaron que, en contextos de emergencia, resulta fundamental que los mecanismos de control estatal no se flexibilicen y funcionen de manera efectiva, acordes a la legislación establecida para garantizar que los recursos que se movilizan alcancen a las zonas y poblaciones más afectadas por la pandemia, para la implementación de medidas que permitan combatir la crisis sanitaria en un marco de plena observancia de los derechos humanos y la institucionalidad democrática.

Asimismo, enfatizaron la necesidad de garantizar y fortalecer el funcionamiento del control parlamentario y judicial de las decisiones adoptadas en el contexto de la emergencia sanitaria y de garantizar el funcionamiento independiente de mecanismos que permitan diligenciar con celeridad y efectividad, cualquier denuncia que se pudiera presentar por actos de corrupción.

Como medida recomendada para prevenir la corrupción en este contexto, la Comisión llamó a otorgar prioridad a las solicitudes de acceso a la información relacionadas con la emergencia de salud pública y la asignación de los fondos públicos, en particular, sobre el presupuesto afectado a las compras y contrataciones durante la vigencia de la emergencia, así como informar proactivamente, en formatos abiertos y de manera accesible sobre los impactos de la pandemia y los gastos realizados en emergencia, desagregados de acuerdo con las mejores prácticas internacionales.

En esa línea, consideraron que es fundamental asegurar los máximos niveles de transparencia en aquellas relaciones que vinculan a las empresas y sectores económicos con los espacios de toma de decisión estatal en el contexto de la pandemia, así como garantizar salvaguardias para identificar, visibilizar, y reducir los conflictos de interés que se puedan producir en estas situaciones, llamando a que en caso de encontrar irregularidades, se sancione efectivamente a las personas responsables.

De este modo, para enfrentar el flagelo de la corrupción, y con objetivo de promover el fortalecimiento institucional, el control y la disminución de los espacios de discrecionalidad, la rendición de cuentas y monitoreo sobre las actividades públicas, la CIDH recordó la importancia de desarrollar e implementar políticas públicas que permitan consolidar una estrategia integral de lucha contra la corrupción con enfoque de derechos humanos.

 

Redacción "Prevenciondelavado.com"