ASI LO REFLEJA UN ESTUDIO DEL BID

El crimen y la violencia le cuesta a la región alrededor del 3% de su PBI

El crimen organizado, una cuestión de "gobernabilidad" | Esto representa, para América Latina y el Caribe, un costo de hasta US$236.000 millones. El análisis es en base a 17 países y arroja un gasto promedio por cápita de US$ 300 en cada nación. Aunque, en algunos casos, los costos del crimen duplican el promedio regional. Si bien el gasto público regional en seguridad, en términos de porcentaje del PBI, es similar al de Reino Unido o al de Estados Unidos, cuestionan la eficiencia del mismo. | 24/02/2017

Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) analiza cuáles son los costos del crimen y la violencia en la región de América Latina y el Caribe (ALC) y cómo se pueden reducir éstos. En el trabajo, la entidad señala que las estimaciones de dichos costos resultan útiles para concientizar sobre la magnitud del problema, situar el tema en las agendas nacionales e internacionales, identificar áreas para mejorar la asignación de recursos públicos y privados y diseñar mejores políticas de prevención del delito y control de la delincuencia.

Desde el BID señalan que la región de América Latina y el Caribe ha mostrado progreso en muchas áreas socioeconómicas en la última década, pero advierte que, en contraste, el crimen ha aumentado y la región continúa siendo la más violenta del planeta, con una tasa de homicidios de 24 por 100.000 habitantes en 2015 (cuatro veces la media mundial).

A pesar de la gravedad del problema, los costos que la delincuencia y la violencia imponen a la región solo han comenzado a recibir atención sistemática hace muy poco tiempo y desde el BID evalúan que, ante los altos índices de criminalidad, los costos de la delincuencia pueden ser considerables: las personas cambian su comportamiento para evitar la actividad criminal, los hogares gastan para protegerse de la delincuencia, las empresas reducen su inversión e incurren en pérdidas de productividad y los gobiernos cambian la asignación de recursos.

Así las cosas, para los investigadores del organismo, la inseguridad en la región es un desafío para el desarrollo. El crimen le cuesta a la región alrededor del 3% de su producto interno bruto (PBI), con un límite inferior del 2,41% y un límite superior del 3,55%. Distiguen, además, la existencia de una amplia gama de variaciones que ilustran la heterogeneidad del delito en la región.

Esto que constituye un obstáculo sustancial para el desarrollo sostenible. "La relación entre el crimen y el desarrollo es compleja, con diferentes formas de crimen que afectan a la economía de distintas maneras. Una de las formas más impactantes de crimen es el homicidio, y Latinoamérica tiene los niveles registrados de homicidios más altos del mundo", alerta el trabajo.

En consecuencia, en algunas naciones, los costos del crimen duplican el promedio regional (especialmente en Centroamérica) y en otras alcanzan a menos de la mitad. Esto representa, para toda la región, un costo de hasta US$236.000 millones (según la paridad del poder adquisitivo, PPA) o US$165.000 millones (a tasas de cambio de 2014). Esto representa el doble del costo promedio de los países desarrollados. El análisis es en base a 17 países y arroja un gasto promedio por cápita de US$ 300 en cada país.

Por otro lado, estos costos se descomponen de la siguiente forma: un 42% corresponde al gasto público (sobre todo en servicios policiales), un 37% a gastos privados y un 21% a los costos sociales de la delincuencia, principalmente debido a la victimización. Cabe aclarar que estas estimaciones solamente incluyen un conjunto de costos directos.

Se explica que, si bien el gasto público de Latinoamérica en seguridad, en términos de porcentaje del PBI, es similar al de Reino Unido o al de Estados Unidos, como proporción del gasto público total, el porcentaje de gasto público relacionado con el crimen en la región (en un 5 %) es casi el doble del promedio de los países desarrollados, lo cual deja en evidencia la prioridad que los gobiernos de esta zona del mundo atribuyen a la seguridad ciudadana.

No obstante, para el BID, la eficiencia de este gasto es "cuestionable", dado que este presupuestos no se ha asociado con resultados en términos de mejoras en seguridad y tasas delictivas más bajas. En el estudio también se muestra que los costos privados en Latinoamérica se correlacionan más que los costos del gobierno con el ambiente criminal de cada país, lo que sugiere que el sector privado es más flexible para adaptar sus gastos en seguridad al contexto criminal que el sector público.

En cuanto a las subregiones de Latinoamérica y Caribe, señalan que Brasil, con estimaciones subnacionales de los costos del crimen para cada estado, muestra tanta heterogeneidad dentro del país como la región en conjunto. También el Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Honduras y Guatemala) tiene los mayores costos del crimen.

La violencia contra la mujer y la ciberseguridad siguen siendo fuertes desafíos en la región, que se halla muy rezagada en términos de su disposición a abordar estos graves problemas, según el trabajo del BID.

Finalmente, el trabajo señala que estos estudios sirven para ilustrar la diversidad de hilos conductores de la violencia en la región cuando se vincula a diferentes manifestaciones de lo que habitualmente se define como "crimen organizado". Incluso en el Triángulo Norte de Centroamérica, donde la violencia se trata a menudo a nivel subregional, las diferencias nacionales son abrumadoras.

En cuanto al gasto privado en seguridad, en el estudio las estimaciones de los gastos del sector privado relacionados con el crimen se limitan a los costos de prevención del delito, debido a la falta de información disponible. La principal fuente de información sobre los costos de la prevención de la delincuencia incurridos por las empresas privadas es la Encuesta de Clima de Negocios y Desempeño Empresarial (BEEPS) llevada a cabo por el Banco Mundial en muchos países del mundo, incluidos varios de Latinoamérica. En particular, la encuesta pregunta a las empresas cuánto dinero gastan en seguridad, expresado como porcentaje de sus ventas anuales.

Para los países de esta muestra, la estimación de un límite inferior es de un promedio del 0,81% del PBI y los promedios del límite superior llegan al 1,37% del PBI. Centroamérica es, por mucho, la región con los costos más altos expresados como porcentaje del PIB: el límite inferior es claramente superior al 1% y el límite superior casi roza el 2%. El Cono Sur es la región con los costos privados más bajos, siendo el límite inferior del 0,60% del PIB y el límite superior un poco más del 1% del PIB. El elevado gasto privado en seguridad ciudadana es encabezado por Honduras y El Salvador. En Honduras el gasto privado es casi un 2% del PIB –más de dos veces el promedio regional– y el límite superior se halla por encima de un 3%. Le sigue El Salvador, donde los costos en que incurre el sector privado oscilan entre un 1,6% y un 2,7% del PIB. Bahamas y Brasil también muestran altos costos privados, con estimaciones que varían entre 1% y 1,9%. Barbados es el país con los menores costos del sector privado seguido de Uruguay y Paraguay. 

En tanto, en los países estudiados, los costos de seguridad ciudadana del gobierno oscilan entre un 0,5% y un 2,1% del PBI para las estimaciones de límite inferior, y entre un 0,6% y un 2,4% en el escenario del límite superior. Los promedios son, respectivamente, el 0,95% y el 1,51% del PBI. En cifras nominales, en 2014 los costos relacionados con el crimen incurridos por los gobiernos de Latinoamérica sumaban entre US$44.000 millones y US$70.000 millones. 

"La violencia en Latinoamérica y Caribe no es monolítica y las intervenciones de políticas tendrán que adaptarse a las circunstancias locales", señalan. Sin embargo, concluyen que los grupos relacionados con el crimen organizado territorial de una u otra clase parecen ser una parte significativa del problema.

Revelan que la proliferación de estos grupos es principalmente un asunto de gobernabilidad, ya que emergen en áreas donde el control estatal es inadecuado. Así, recomiendan que la solución a este problema es claramente que el Estado restablezca su autoridad sobre la totalidad de su territorio, lo que significa tanto imponerse sobre el monopolio de la violencia como quedar a cargo del acceso a toda la gama de servicios estatales en las zonas problemáticas.

Al hacerlo, opinan, el Estado eliminará la necesidad de que existan organismos de control extra gubernamentales. Sin embargo, anticipan que, hasta que se aborde el problema, esta violencia continuará socavando el desarrollo y el progreso en la región. 

Leonardo R. Redolfi

"Opinión y Noticias"